Cómo es el proceso para remover a los 4 funcionarios K que resisten en sus cargos

Según el artículo 9°, Vanoli también podría ser desplazado en caso de incurrir en alguna «inhabilidad» prevista en la norma, como puede ser violar el principio de «tener probada idoneidad en materia monetaria, bancaria, o legal vinculada al área financiera y gozar de reconocida solvencia moral».

En base a estos mandatos, Macri podría solamente apelar a la falta de «independencia» de Vanoli por su vínculo con el kirchnerismo, aunque está claro que eso no implicaría su inmediata remoción del cargo. En este punto es donde cobra protagonismo el Congreso de la Nación.

Como señala el artículo 9° de la Carta Orgánica, la remoción de los miembros del directorio será decretada por el Poder Ejecutivo cuando «mediare mala conducta o incumplimiento de los deberes de funcionario público», pero aclara que se deberá contar «para ello con el previo consejo de una comisión del Honorable Congreso de la Nación», la que deberá estar presidida por el presidente de la Cámara de Senadores e integrada por los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía de la misma y los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas de la Cámara baja.

«Mi mandato es hasta diciembre de 2017 y pienso cumplirlo». Así de clara la frase de resistencia de Tristán Bauer, presidente de Radio y Televisión Argentina, otro de los funcionarios kirchneristas que se niega a dejar su cargo después del 10 de diciembre, cuando asuma el nuevo gobierno.

El artículo 131 de Ley de Medios de Comunicación Audiovisual –sancionada en 2009– establece con claridad que la dirección y administración de RTA S.E. estará a cargo de un Directorio integrado por siete miembros: un presidente y un director designados por el Poder Ejecutivo, tres directores a propuesta de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual y dos a propuesta del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual.

Macri quiere que sea Hernán Lombardi quien esté al frente de la «megacartera» de medios públicos: la TV Pública, Radio Nacional, Paka-Paka, Encuentro y DeporTV, la agencia de noticias Télam, el parque Tecnópolis y el ex Correo Central. Además, está el rumor de que podría asumir, incluso, otras áreas como Fútbol para Todos.

Para lograr su objetivo, Macri tiene dos alternativas: que Bauer dé un paso al costado, algo que por sus declaraciones parece improbable, o bien avanzar en un proceso de remoción para el cual el nuevo gobierno deberá contar con los argumentos que justifiquen dicha destitución.

De acuerdo con el artículo 9° del decreto que establece la reglamentación del funcionamiento de RTA, se establece que «serán causales de remoción, previa sustanciación que garantice el derecho de defensa del acusado, las siguientes: procesamiento firme por delitos dolosos, mal desempeño, negligencia grave, morosidad en el ejercicio de sus funciones, desconocimiento inexcusable del derecho e inhabilidad física o psíquica».

Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual

Otro de los organismos ocupados por funcionarios kirchneristas, cuyo mandato no vence el 10 de diciembre, es la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) a cargo de Martín Sabbatella, cuyo cargo también vence en 2017.

Al igual que con RTA, los mandatos de los funcionarios están desacoplados con el período de gobierno del presidente de turno. Para este cargo, Macri designó ya a un hombre clave y de confianza, miembro de la mesa chica del PRO: Miguel de Godoy.

Según el artículo 14° de la ley de medios, «el presidente y los directores sólo podrán ser removidos de sus cargos por incumplimiento o mal desempeño de sus funciones o por estar incurso en las incompatibilidades previstas por la ley 25.188».

Además, «la remoción deberá ser aprobada por los dos tercios del total de los integrantes del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (39 miembros), mediante un procedimiento en el que se haya garantizado en forma amplia el derecho de defensa, debiendo la resolución que se adopta al respecto estar debidamente fundada».

La idea de ella es trabajar en conjunto. Sin embargo, Macri ratificó que no la quiere y debería renunciar por ser una «funcionaria militante». Alejandra Gils Carbó, la cuestionada procuradora general de la Nación, también resiste desde su despacho de la calle Perón al 600.

Según el artículo 76 de la ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, el jefe de los Fiscales solo puede ser removido por los causales y el procedimiento establecido en los artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional, es decir un juicio político.

De acuerdo a la Constitución, el Senado es la única autoridad que puede evaluar la sustitución de un Procurador y lo hace con la misma mayoría que se prevé para los jueces de la Corte Suprema de Justicia, 2/3 de la Cámara alta. En caso contrario, el cargo es vitalicio.