Mauricio Macri ya estudia la revisión de las contrataciones del Estado nacional
«El Estado tiene que estar al servicio de la gente, no puede ser un aguantadero de la política ni de La Cámpora. Eso destruye la posibilidad de crecer. Vamos a revisar esos contratos». Lapidario, en la recta final de la campaña antes del ballotage del 22 de noviembre, Mauricio Macri se sumó ayer a la polémica generada tras los incidentes en el pueblo tucumano de Concepción, en el que el intendente electo abandonó su despacho tras 12 horas de encierro luego de avisar que revisaría el nombramiento de unos 403 empleados contratados por su antecesor antes de retirarse de la gestión.
El anuncio de Roberto Sánchez, flamante intendente municipal, volvió a poner bajo la lupa la contratación indiscriminada de empleados públicos por parte de la administración pública, una variable que, en caso de triunfar en las elecciones, el candidato presidencial de Cambiemos está dispuesto a corregir. Los equipos técnicos de Macri empezaron a estudiar hace un par de meses los números de la Administración Pública Nacional (APN) y los concursos y contrataciones del último año. Según el cálculo, en los últimos nueve años el crecimiento de la masa de empleados de la administración central fue del 38 por ciento: la APN cuenta en la actualidad con unos 400.000 empleados públicos.
Un aumento sostenido y acompañado también por los municipios y las provincias. Según cifras oficiales, publicadas por el diario La Nación, entre el 2013 y el 2014 el crecimiento de la plantilla laboral del Poder Ejecutivo Nacional fue del 46,1 por ciento, con un pico expansivo durante el período de Cristina Kirchner y con un récord de contrataciones por parte de los gobiernos provinciales. Más de 3,5 millones de empleados públicos, según estimaciones privadas.
«Vamos a ver que los nombramientos se justifiquen y que los concursos estén bien hechos. No va a haber ninguna revisión discriminada», le aseguró a Infobae uno de los asesores de Macri que trabaja en el tema. La principal obsesión del equipo del candidato presidencial está centrada en los 8.800 cargos en vías de concurso de este último año para ocupar la planta permanente de la administración central. Es parte de las 13.500 vacantes liberadas desde el año pasado que diversas dependencias pidieron concursar. Más que en la cantidad de cargos, desde el Gobierno porteño se focalizaron en el estudio de los artilugios legales para revisar esos nombramientos para actuar con rapidez en caso de que el postulante de Cambiemos se imponga en el ballotage. De acuerdo a la normativa vigente, dichas contrataciones tienen un año de evaluación antes de pasar al staff fijo de planta permanente.
Los equipos técnicos del líder del PRO no solo se concentraron en las contrataciones nacionales: tras el triunfo de María Eugenia Vidal también posaron la lupa en la administración bonaerense. En el entorno de Vidal explican que, hasta ahora, los funcionarios provinciales no fueron demasiado solidarios al abrir el fichero de legajos. Ese trabajo recayó en Hernán Lacunza, futuro ministro de Economía bonaerense, y en Federico Salvai, hombre de confianza de la electa gobernadora. «A nadie se le van a vulnerar los derechos adquiridos», avisa un futuro funcionario. Por lo pronto, el PRO resolvió en la provincia de Buenos Aires suprimir la figura del jefe de Gabinete.
En el caso de la administración central, Macri deberá enfrentarse además con la casi treintena de organismos creados por el Gobierno desde el 2013 hasta esta parte, algunos de ellos con cientos de empleados asignados y presupuestos millonarios. La Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), el Centro de Ensayos de Alta Tecnología SA (CEATSA), la Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte (CENT), la Empresa Argentina de Navegación Aérea SE (EANA SE), el Ente Intermunicipal para el Desarrollo Regional (ENINDER), el Fondo Fiduciario del Cruce Marítimo del Sur, el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo o el Vehículo Espacial de Nueva Generación SA (VENG) son algunos de ellos. La AFTIC, solo por citar un ejemplo, tiene un presupuesto de más de 2 mil millones de pesos y miles de contratados.
